25 oct. 2012

CUESTIONAN A UN PERITO EN LA CAUSA ISONZA


La investigación por la muerte de un chico de siete años, oriundo de Isonza, por una supuesta mala praxis en el Hospital Público Materno Infantil enfrenta un nuevo retraso, luego de que la familia del pequeño impugnara a uno de los médicos designado como perito.
José Muela, uno de los profesionales investigado en este caso, designó como perito al neurólogo Alberto Espeche, neurólogo del Materno Infantil. La familia de Luciano Martínez (el niño fallecido en julio, a raíz de un golpe en la cabeza) recusó a Espeche por entender que al trabajar en el hospital difícilmente podrá emitir un dictamen desfavorable a la institución de la que depende laboralmente.
“Al ser este hospital una Sociedad del Estado y él (Espeche) un funcionario público, estoy planteando su incompatibilidad para la tarea”, detalló el abogado de la familia Martínez, Pablo Tobío.
El letrado fundamentó las objeciones al asegurar que “corresponde que se lo aparte del caso, por la subjetividad y por ser funcionario de una institución a la que no puede perjudicar con una pericia que le resulte contraria”.
Intencionalidad
Algunos medios de comunicación oficialistas intentaron ayer instalar la sensación de que la recusación de Espeche constituía un obstáculo para la rápida resolución del caso. Para justificar esa afirmación, señalaron que la impugnación que hizo la familia del niño iba a impedir una reunión de los peritos -oficiales y de parte- prevista para ayer en la Procuración, en la que la fiscal del caso tenía previsto “cerrar la etapa investigativa y así expedirse sobre la responsabilidad de los tres médicos acusados”.
Sin embargo, el planteo del abogado Tobío resulta razonable al poner el foco la dependencia laboral de Espeche con el hospital.
Junto a los tres médicos investigados -Muela, Walter Pereyra y Alberto Aleman-, el Materno Infantil también es cuestionado por la falta de un médico de guardia en la sala clínica CIN4 la noche en la que estuvo internado Luciano.
El caso de Luciano trascendió cuando se conoció la grabación anónima de una conversación en la que varios profesionales, al parecer, intentarían acordar cómo minimizar la responsabilidad del HPMI.

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