JUEZA PARALIZO CONSTRUCCIONES ILEGALES SOBRE LA RUTA 9

A instancia de un planteo realizado por la Fiscalía Penal 3, a cargo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, la jueza de Garantías Mónica Faber ordenó la paralización de construcciones en la ruta 9, entre los kilómetros 1612 y 1615.

La medida cautelar de no innovar, según fuentes judiciales, fue resuelta por la jueza a instancia de un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de otras diligencias que se tramitan en el expediente iniciado a instancia del reclamo de los vecinos, quienes advirtieron que las construcciones podían poner en riesgo el tránsito vehicular sobre la ruta 9, única vía de acceso a La Caldera.

Valor de conservación

A medida que se profundizó la investigación, surgieron testimonios de vecinos y funcionarios municipales que dan cuenta que los terrenos donde comenzaron a realizarse distintos tipo de construcciones se encuentran ubicados en un sector considerado de alto valor de conservación por el Programa de Planificación y Relevamiento de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia.

A partir de la investigación penal, se pudo establecer que el terreno en conflicto pertenecía a Angelina Coronado Cueto, quien reveló que había vendido la propiedad distribuida en 17 lotes, tras lo cual los distintos compradores comenzaron a construir, en algunos casos viviendas y otros un camping. Obviamente las construcciones provocaron distintas tareas de desmalezamiento, hecho que causó el temor de los vecinos a que se produzcan derrumbes, pues la zona es considerada de riesgo. Al respecto, algunos de los nuevos propietarios solicitaron sin éxito las autorizaciones correspondientes en el Municipio, mientras que otros hicieron idénticos trámites en la Secretaría de Medio Ambiente.

Al respecto, algunos de los propietarios revelaron que desde la Secretaría de Medio Ambiente le habrían informado que en determinados sectores se podría edificar, aunque previo cumplimiento de determinados requisitos. Desde el Municipio, en tanto, se negó que se hayan autorizado las construcciones.

En vista de este conflicto, y dado el riesgo comprobado de derrumbes en la zona, la jueza resolvió hacer lugar al pedido del fiscal de imponer en los catastros mencionados la medida cautelar de no innovar y con ello paralizar las obras de construcción hasta tanto se resuelva el litigio entre las partes.