Desde finales del año 2010, y a partir de denuncias de corrupción en contra del ex gobernador y varios de su ex funcionarios, tres fiscales han impulsado distintas medidas y recursos para investigar penalmente a Romero, en especial por la apropiación sistemática de tierras del estado provincial, terrenos que hoy forman parte del patrimonio privado de la familia Romero, siendo de todos el caso más conocido las 90 hectáreas de La Ciénaga, terreno que fue adquirido para dar respuesta habitacional a miles de salteños, pero terminó en manos del hijo del senador nacional.
También se ha informado ampliamente que Romero no quiere presentarse ante la justicia y responder como cualquier ciudadano, aún a pesar de que una ley nacional, como la 25.320 que establece que los legisladores nacionales sean indagados cuando se los acuse penalmente, así se lo exija.
Para sostener esta estrategia, Romero necesita de la funcionalidad de la Corte de Justicia, la cual ya hizo una demostración de fidelidad al hombre que nombró a tres de los jueces que actualmente conforman el alto tribunal e influyó en la designación de un cuarto.
Este gesto de lealtad que vino seguido de otros más y de menor rango, como la decisión de los jueces formales de conducir las causas contra el senador como un simple sumario, se mantiene hasta el día de hoy.
Sin acumulación
Se trata de la decisión del alto tribunal de no acumular las causas contra Romero, y con ello asegurarse de que las piezas del rompecabezas nunca se reúnan, pues de hacerlo no sólo se podría ahorrar tiempo y dinero en la investigación, sino que dejaría al ex gobernador expuesto al riesgo de que con todas las piezas, algún juez se vea obligado a ordenar su detención.
Por ello, y en la estrategia jurídica de Romero, los jueces de Corte, por esta horas, son importantes para mantener “la dispersión” de las causas firme.
FUENTE: NUEVO DIARIO DE SALTA
