En una audiencia que se consideró un trámite administrativo para legitimar un hecho consumado, el aumento del boleto, participaron solo 20 de los 35 oradores que se habían inscripto. Se prevé que en la semana que entra los miembros del directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), formalicen finalmente el pedido hecho desde la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), para que la tarifa común pase a ser de $1,75 en agosto, y $2 en enero del año que viene.
Afuera, un grupo reducido de estudiantes se manifestaban en contra del aumento, no ya por su situación particular (pues ningún boleto estudiantil ni tarifa social será incrementada), sino por lo que implicará este aumento para la economía de su familia. La decisión fue no participar en una audiencia que consideraron ilegítima no solo por la poca representatividad, sino por establecer un paso más para establecer el aumento del boleto.
Adentro, las consideraciones respecto de la naturaleza de la audiencia no distaban demasiado de la visión de los estudiantes. Entre las exposiciones hubo propuestas, argumentos en contra del aumento, y hasta alocuciones que parecían ser catarsis o discurso partidario.
El primero en exponer fue el presidente de la SAETA, Eduardo Sangari, a fin de argumentar el por qué del aumento. Un poco más de una hora duró el discurso del funcionario quien indicó entre los principales puntos de este aumento de tarifas la situación del combustible, del subsidio, y el faltante en el mercado; los incrementos salariales en el sector del transporte, y la situación inflacionaria.
En su alocución, Sangari intentó dejar fuera de los factores del aumento la compra de los 100 nuevas unidades a la empresa TATSA. Explicó que lo consumido en combustible responde a lo normado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Ello, en tanto este fue durante la audiencia, uno de los argumentos más utilizados por los pocos concejales y políticos que participaron de la audiencia.
Que decidan los legisladores
El Defensor del Pueblo de Salta, Alvaro Ulloa, fue el que volcó una propuesta para presentar un proyecto ante el Ejecutivo Provincial para que de allí se baje a las cámaras legislativas y se modifique la Ley de creación de la SAETA en su artículo 4 inciso c). Este es el que faculta a la AMT a decidir sobre las tarifas.
Ante ello, Ulloa recomendó que las tarifas "sean propuestas por SAETA, dictaminadas por la AMT previa audiencia pública, elevada al Poder Ejecutivo Provincial desde el cual se será remitido como decreto de necesidad y urgencia a la Legislatura Provincial para su aprobación o rechazo". Agregó en su recomendación que igual disposición se aplique "al resto de las tarifas sujetas a audiencia pública, siendo estas establecidas por el Ente Regulador de Servicios Públicos".
